La reforma de la Administración y la reducción de trámites burocráticos viene siendo, en las tres últimas décadas, un paradigma de actuación de todos los Gobiernos de los países occidentales, en sus distintos niveles territoriales.
Sin embargo, el problema de fondo que subyace aquí es que la Economía y la Sociedad tradicionalmente siempre han evolucionado de modo más rápido que la Administración, y habitualmente esta última sólo incorpora las transformaciones sociales una vez éstas se han consolidado. Pero a menudo no llega a tiempo para poder acomodar su ritmo al de la sociedad a la que sirve, lo que supone, a la larga, una pérdida de recursos y de potencialidades y, a la postre, de unas posibilidades que finalmente no son aprovechadas a tiempo.
Para cambiar esta tendencia que parece un hecho natural y asumido con normalidad por los políticos y los agentes económicos y sociales, es preciso, en los tiempos actuales, acometer una reforma de la Administración que se fundamente en un previo análisis profundo y sistemático del sistema económico y social actual, y de sus necesidades en relación con los poderes públicos que le sirven de fundamento.
No es razonable, por ejemplo (y más en tiempos de crisis como los actuales), que para poner en marcha un negocio el ciudadano deba esperar varias semanas o incluso muchos meses, con trámites en muchos organismos públicos de distinto ámbito, que con un sistema informático eficaz y una coordinación entre Administraciones el tiempo de espera se reduciría a pocos días o semanas.
En suma, los Estados nacionales están delegando, por arriba, competencias en la Unión Europea, y por abajo, transfieren servicios a los entes regionales y, en menor medida, a los entes locales.
Pero a la vez que tiene lugar este proceso descentralizador, la burocracia, lejos de disminuir y simplificarse, aumenta hasta unos niveles que para el ciudadano están comenzando a ser en muchos casos inaceptables y totalmente irracionales, pues muchas de las actuaciones administrativas se producen porque deben cumplirse las leyes (muchas se aprueban sin un estudio previo en términos de coste económico y social), pero sin tener una razón de ser concreta.
Esta situación de aumento de los trámites administrativos exigibles, aunque ha tenido como positivo el reforzamiento de la protección de los derechos del consumidor y de otros principios y valores sociales y públicos, sin embargo en la práctica ha significado la creación de un conjunto de trabas para la constitución y el posterior funcionamiento de las empresas y, en el fondo, de la economía productiva, que crea una distorsión y un desequilibrio que en términos de eficiencia económica supone la pérdida anual de muchos miles de millones de euros.
Ante ello, la solución que podría plantearse es la puesta en marcha de un plan coordinado, entre los distintos niveles administrativos (europeo, estatal, regional y local) que simplifique los trámites burocráticos y acerque más la Administración al ciudadano, consiguiendo que el Gobierno se sitúe finalmente al servicio de aquél y le considere como tal, y no como un simple “administrado” o “súbdito”, que soporta con paciencia y resignación la existencia de un sistema burocrático que sigue siendo más propio en muchos casos del siglo XIX que del dinámico siglo XXI en el que ya nos encontramos desde hace varios años.
Existen ejemplos recientes de Administraciones ágiles y modernas que podrían tomarse como referencia por parte de todas las demás, en aspectos como el uso de las nuevas tecnologías de la información, en el tratamiento personal y directo al ciudadano, en la coordinación entre servicios administrativos, en la utilización de métodos de gestión eficaz y ahorro de costes, en el empleo de sistemas de incentivos para los funcionarios o en la dignificación de la posición del empleado público, entre otros muchos ejemplos que pueden mencionarse de medidas ya adoptadas en algunos ámbitos.
Esta tarea de reforma administrativa es urgente, pues la situación de crisis económica actual exige a los poderes públicos la adopción de medidas valientes e innovadores de mejora de los servicios públicos y de apoyo a las empresas y a los emprendedores y a todas aquellas personas creadoras de riqueza y de ideas en nuestra sociedad.
De ahí que no podamos perder ni un día más en esta apasionante pero urgente tarea que todos tenemos por delante en los próximos años en Europa y en particular en España.
