Fundiniciativas
En Aragón y en España, el sector de las Cajas de Ahorro está viviendo un proceso de reestructuración que no tiene precedentes en las dos últimas décadas, tras las crisis bancarias de los 80, y que viene motivado por la actual situación de recesión económica, que está afectando de modo tan claro y directo al sector financiero y crediticio.
En nuestra Comunidad Autónoma este proceso está también afectando a nuestras Cajas (IberCaja, CAI y Cajas Rurales), y frente a la solidez financiera de IberCaja, es la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) la que se está viendo más afectada por este proceso, ante su posible unión o fusión (virtual o real) con Caja Canarias y Caja Rioja, y en donde se plantean dos opciones: el Sistema Institucional de Protección (SIP), la fusión tradicional o la continuación de la CAI en solitario.
De estas tres posibilidades jurídicas y estratégicas, es la del SIP la que plantea muchos más inconvenientes, pues esta figura sólo se encuentra regulada en un Real Decreto de 2008 y en una Circular del Banco de España del mismo año, pero su forma de constitución, su naturaleza jurídica y su forma de actuación no se encuentran regulados en ninguna norma jurídica.
Por todos estos motivos, tal y como se encuentran regulados actualmente los SIPs, puede decirse que vulneran el principio constitucional de reserva de Ley y también todos los principios de la legislación estatal y autonómica sobre cajas de ahorro, que establece carácter social de estas entidades y concede una estabilidad a los trabajadores que, bien entendida, debe ser un modelo de relaciones laborales pacíficas y con una plantilla bien formada y motivada.
Y de este modo, ante estas importantes lagunas jurídicas que existen en relación con los SIPs, en mi opinión la CAI no debería optar por esta vía (cualquier juzgado o tribunal podría perfectamente paralizar el proceso), y estimo que la mejor solución es que o bien continúe su andadura el solitario, o que se fusiones con otras cajas, pero manteniendo la naturaleza jurídica de caja y los derechos de los trabajadores y de los usuarios e impositores.
De este modo, el cese del Director General de la CAI pone de manifiesto también la necesidad de poner en marcha códigos de buen gobierno en las empresas y organizaciones en Aragón, para conseguir una gestión más transparente y eficaz y evitar casos tan claros de mala gestión y mal gobierno de nuestras entidades empresariales, al igual que está sucediendo por ejemplo hoy con el Real Zaragoza.
En definitiva, la Caja de Ahorros de la Inmaculada, entidad más que centenaria, al igual que IberCaja, son un instrumento estratégico para el desarrollo de Aragón, y por eso las decisiones que se adopten en relación con ambas nos afectan a todos muy directamente.
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