CÉSAR CIRIANO VELA
Los distintos Gobiernos europeos están adoptando en los últimos días y semanas medidas para hacer frente a la crisis de confianza que los mercados de adquisición de deuda pública han mostrado hacia los países con unas cuentas públicas y con unos sistemas financieros menos saneados.
En mi opinión, a pesar de lo mucho que se habla en los últimos días, el sistema financiero y las cuentas públicas se encuentran en España en una situación mejor de lo que interesadamente se intenta hacernos creer.
Dicho esto, sin embargo, la solución a la situación actual no es la reacción “cortoplacista” que están adoptando los distintos Gobiernos y las instituciones de la Unión Europea, con un recorte de los gastos sociales y las inversiones en infraestructuras y una subida de impuestos que, a corto plazo “calman” a los mercados, pero éstos, con su voracidad, enseguida “engullen” los miles de millones que los Estados ahorran de este modo, y vuelven de nuevo con sus exigencias.
Esta crisis actual es muy diferente de las anteriores (no existían las llamadas “economías emergentes” y los mercados eran nacionales) y, por ello, las soluciones a ella deben ser también distintas y es precisa una auténtica “reinvención de los Gobiernos” y un cambio radical y profundo en las formas de gestión pública en este siglo XXI.
Es preciso adoptar dos medidas: la primera, conseguir una mayor eficiencia de las Administraciones, con una reducción y simplificación radical de los trámites burocráticos actuales (que causan a los ciudadanos y a las empresas una pérdida en tiempo y en otros costes de muchas decenas de miles de euros al año) y con una mayor coordinación administrativa y una reducción drástica de los órganos administrativos, muchas veces duplicados y triplicados (con una supresión de las Diputaciones Provinciales, de las Comarcas y una reducción en España del número de municipios de 8.000 actuales a 1.000 ó 2.000 –en Aragón, de 700 a 100-150-), aumentando sin embargo las competencias y los medios financieros de los entes locales que queden, al ser la Administración más cercana al ciudadano, frente a las “mastodónticas” y muchas veces ineficientes Comunidades Autónomas. Y con un reforzamiento notable de los instrumentos de control, con las Cámaras de Cuentas y los Parlamentos como elementos esenciales.
Con esta mayor eficiencia pública se ahorraría entre un 10 y un 20% del gasto público (entre costes directos e indirectos), que serviría para mantener e incluso incrementar el gasto social (las desigualdades sociales se han incrementado con la crisis –lo cual es algo inmoral-) y también para estimular la inversión en infraestructuras tan necesarias en ciertos ámbitos.
Y la segunda solución es a mi juicio el reforzamiento del papel del Estado (y de la Unión Europea) como regulador del mercado, pues esta crisis se ha producido por un estrepitoso fallo en la regulación de los mercados financieros, a quienes los Estados y las instituciones internacionales deberían controlar mucho más (con tasas como la Tobin o la Stiglitz) y la imposición de sanciones drásticas a los directivos que cometan negligencias, con la aplicación de códigos de buen gobierno en las entidades financieras, con sanción radical para quien los incumpla.
Debemos apostar por la economía productiva y no por la especulativa, y los mercados están al servicio del interés general en una economía social de mercado como la que existe hoy en el mundo, y no el interés general al servicio de los mercados, como da la impresión que sucede últimamente.
Debe reforzarse el papel del Estado, de “lo público”, en tiempos de crisis, pero desde otra perspectiva muy diferente a la que en muchos ámbitos se está adoptando hoy en muchos gobiernos y Administraciones europeos y españoles.
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