Suele afirmarse que en los países occidentales, en las actuales democracias de masas donde existe un gran partido socialdemócrata y otro conservador, hoy en día no existen apenas diferencias entre las políticas económicas de unos partidos y de otros, y que únicamente éstos se diferencian en cuestiones de matiz, sobre algunos aspectos de las políticas sociales, territoriales o sobre libertades públicas.
Sin embargo, ésta es una opinión interesada, que los partidos progresistas que se encuentran hoy al frente de los distintos gobiernos en Europa y en EEUU deben ser capaces de desvirtuar, frente a la ideología neoliberal que se ha impuesto en todo el mundo en los últimos años, como una especie de pensamiento único, que en reuniones como la reciente Cumbre de Seúl del G-20 se ha dejado notar especialmente.
Para poder demostrar que sí existe alternativa, es fundamental que los progresistas a ambos lados del Atlántico tengamos en cuenta el importante papel que debe desempeñar el Estado y la idea de “lo público”, como instrumento regulador de los mercados y como distribuidor de los recursos públicos, para conseguir reducir las desigualdades sociales e instaurar una situación real y efectiva de igualdad de oportunidades entre los ciudadanos más pudientes y los más humildes.
En mi opinión, sí que existe y debe existir diferencia entre las políticas económicas neoliberales y las progresistas, y sí existe una alternativa al neoconservadurismo actual.
Esta alternativa, a mi juicio, debe fundamentarse en los siguientes principios: el primero, que en la actual época de crisis, es un momento oportuno y necesario para que se refuercen los instrumentos nacionales e internacionales de regulación y supervisión sobre los mercados, y en especial sobre los financieros, de modo que se garantice que en futuras crisis económicas mundiales, estos mecanismos sean capaces, de modo inmediato, de prevenir y de controlar estas crisis, sin necesidad de acudir al esfuerzo de contribuyente.
La instauración de tasas como la Tobin o la Stiglitz es absolutamente necesaria, y también la creación de nuevos organismos internacionales de regulación, derogando y sustituyendo el sistema del FMI, Banco Mundial y otros organismos que han quedado totalmente obsoletos en la actual situación de nuevo equilibrio mundial.
El segundo principio es el de la necesidad de conseguir la justicia social y el equilibrio territorial y ambiental en el mundo, de modo que en los países occidentales no debe admitirse ni un solo recorte en políticas sociales ni en inversión en infraestructuras ambientalmente sostenibles , y al mismo tiempo en los países menos desarrollados, es preciso aumentar de modo notable la cooperación al desarrollo, con un control efectivo para evitar la corrupción en la distribución de las ayudas.
Los progresistas en todo el mundo debemos estar orgullosos de “lo público” y del papel del Estado en la economía y en la sociedad, pero para ello es preciso una reforma y una reinvención profunda de los Gobiernos y de las Administraciones, para conseguir una reducción de trámites burocráticos, una mayor coordinación y una eficiencia de nuestros sistemas públicos.
Sólo de este modo se demostrará que lo público es válido y que no es necesariamente contrario al sector privado (como pretenden hacernos creer los neoconservadores –cuando ellos son los primeros en apoyar las ayudas, como ha sucedido en el sector financiero, o en el militar o en el agrario, como bien ha dicho siempre J.K. Galbraith-), que debe convivir en un régimen de interdependencia y de cooperación, con unos Gobiernos eficientes y transparentes, con unos mecanismos de control efectivos que eviten la corrupción.
Está en nuestras manos defender este modelo progresista alternativo, pero ello se demuestra no sólo con ideas, sino también con hechos, y es la hora de elaborar y poner en práctica una política económica progresista que sirva de contrapeso al neoliberalismo hoy imperante.
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