Barack Obama y España

FUNDACIÓN CIENCIAS DE LA DOCUMENTACION
Administración y Gobierno
Publicado el 25 de Mayo de 2010



César Ciriano Vela
Presidente de Fundiniciativas.
Abogado





Mucho se ha hablado en este casi año y medio en que Barack Obama lleva en la Casa Blanca, en donde se ha producido un giro de ciento ochenta grados en las relaciones entre España y Europa y nuestros amigos y aliados norteamericanos.

La reciente llamada de Obama al presidente Zapatero para recordarle que España debía acometer reformas radicales en su economía y en sus finanzas públicas para afrontar con garantías la actual situación de brutal crisis económica que padecemos me ha hecho reflexionar sobre un aspecto en la forma de actuar del estadounidense que a continuación relataré.

En una conferencia que nos impartió Alana Moceri (presidenta del Partido Demócrata en España desde 2004 hasta 2009) el pasado 16 de septiembre en Zaragoza por invitación de Fundiniciativas, se reflexionó y debatió sobre las diferencias entre el sistema político estadounidense y el español, y cómo fue posible, en el otro lado del Atlántico, que millones de personas apostaran por un presidente que rompía barreras en cuanto a estilo y programa político, raza y clase social.

Y, sobre todo, por primera vez en la historia, una campaña política se desarrolló en una parte importante a través de Internet y las nuevas tecnologías de la información, atrayendo hacia la política a nuevas capas sociales que de otro modo no habrían participado en unas elecciones.

Con este modo de actuar, el Partido Demócrata norteamericano y, con ello, la política de este país, se abrió notablemente a la sociedad, y se creó un movimiento de varios millones de voluntarios, que en estos meses de presidencia de Obama han vuelto a ser movilizados.

Salvando las distancias en cuanto a cultura política entre España (y Aragón) y Estados Unidos, podemos llegar a una conclusión clara, pues la nuestra también es una sociedad occidental que utiliza cada vez más las nuevas tecnologías: es posible abrir el sistema político a través de Internet, y conseguir que los tradicionales y anquilosados mecanismos electorales se renueven y modernicen, y se consiga con ello abrir la política a los ciudadanos y a la sociedad.

En Aragón y en España es preciso acometer una renovación y una regeneración en las formas de hacer política, que den a ésta una mayor transparencia y la conviertan en mucho más participativa y abierta.

Resulta asombroso, por ejemplo, que en la web de las Cortes de Aragón o del Ayuntamiento de Zaragoza no exista un modo directo de enviar sugerencias e ideas a nuestros representantes políticos, como sí puede hacerse, por ejemplo, en las páginas del Congreso y del Senado (donde además se publica por ejemplo la declaración de bienes e intereses de cada diputado).

Este enorme déficit de transparencia y de relación entre cargos públicos y electores, que hoy tenemos en Aragón y en España, se plasma en una deficiente calidad de nuestra democracia, de modo que los problemas y preocupaciones de los ciudadanos no llegan de un modo eficaz y rápido a los políticos.

Es preciso por ello una transformación de nuestro sistema político, que debe introducir nuevos mecanismos de participación política y de relación directa entre electos y electores, y que a la larga ello suponga también un cambio en el sistema electoral y en las formas de actuar en política.

En tiempos actuales de crisis económica tan profunda que vivimos hoy, estos cambios resultan si cabe aún más necesarios, pues es precisamente en momentos como éstos cuando los políticos deben dar todavía más ejemplo a la ciudadanía, de transparencia y de cercanía hacia sus problemas.


Noticia original, aquí

ECONOMIA Y REFORMA DE LA ADMINISTRACION

César Ciriano Vela

Presidente de Fundiniciativas. Abogado.

En tiempos de crisis económica como los actuales, contar con una Administración Pública eficaz y ágil constituye sin duda un factor esencial y decisivo de competitividad para cualquier economía de nuestro tiempo.

La reforma de la Administración y la reducción de trámites burocráticos viene siendo, en las tres últimas décadas, un paradigma de actuación de todos los Gobiernos de los países occidentales, en sus distintos niveles territoriales.

Sin embargo, el problema de fondo que subyace aquí es que la Economía y la Sociedad tradicionalmente siempre han evolucionado de modo más rápido que la Administración, y habitualmente esta última sólo incorpora las transformaciones sociales una vez éstas se han consolidado. Pero a menudo no llega a tiempo para poder acomodar su ritmo al de la sociedad a la que sirve, lo que supone, a la larga, una pérdida de recursos y de potencialidades y, a la postre, de unas posibilidades que finalmente no son aprovechadas a tiempo.

Para cambiar esta tendencia que parece un hecho natural y asumido con normalidad por los políticos y los agentes económicos y sociales, es preciso, en los tiempos actuales, acometer una reforma de la Administración que se fundamente en un previo análisis profundo y sistemático del sistema económico y social actual, y de sus necesidades en relación con los poderes públicos que le sirven de fundamento.

No es razonable, por ejemplo (y más en tiempos de crisis como los actuales), que para poner en marcha un negocio el ciudadano deba esperar varias semanas o incluso muchos meses, con trámites en muchos organismos públicos de distinto ámbito, que con un sistema informático eficaz y una coordinación entre Administraciones el tiempo de espera se reduciría a pocos días o semanas.

En suma, los Estados nacionales están delegando, por arriba, competencias en la Unión Europea, y por abajo, transfieren servicios a los entes regionales y, en menor medida, a los entes locales.

Pero a la vez que tiene lugar este proceso descentralizador, la burocracia, lejos de disminuir y simplificarse, aumenta hasta unos niveles que para el ciudadano están comenzando a ser en muchos casos inaceptables y totalmente irracionales, pues muchas de las actuaciones administrativas se producen porque deben cumplirse las leyes (muchas se aprueban sin un estudio previo en términos de coste económico y social), pero sin tener una razón de ser concreta.

Esta situación de aumento de los trámites administrativos exigibles, aunque ha tenido como positivo el reforzamiento de la protección de los derechos del consumidor y de otros principios y valores sociales y públicos, sin embargo en la práctica ha significado la creación de un conjunto de trabas para la constitución y el posterior funcionamiento de las empresas y, en el fondo, de la economía productiva, que crea una distorsión y un desequilibrio que en términos de eficiencia económica supone la pérdida anual de muchos miles de millones de euros.

Ante ello, la solución que podría plantearse es la puesta en marcha de un plan coordinado, entre los distintos niveles administrativos (europeo, estatal, regional y local) que simplifique los trámites burocráticos y acerque más la Administración al ciudadano, consiguiendo que el Gobierno se sitúe finalmente al servicio de aquél y le considere como tal, y no como un simple “administrado” o “súbdito”, que soporta con paciencia y resignación la existencia de un sistema burocrático que sigue siendo más propio en muchos casos del siglo XIX que del dinámico siglo XXI en el que ya nos encontramos desde hace varios años.

Existen ejemplos recientes de Administraciones ágiles y modernas que podrían tomarse como referencia por parte de todas las demás, en aspectos como el uso de las nuevas tecnologías de la información, en el tratamiento personal y directo al ciudadano, en la coordinación entre servicios administrativos, en la utilización de métodos de gestión eficaz y ahorro de costes, en el empleo de sistemas de incentivos para los funcionarios o en la dignificación de la posición del empleado público, entre otros muchos ejemplos que pueden mencionarse de medidas ya adoptadas en algunos ámbitos.

Esta tarea de reforma administrativa es urgente, pues la situación de crisis económica actual exige a los poderes públicos la adopción de medidas valientes e innovadores de mejora de los servicios públicos y de apoyo a las empresas y a los emprendedores y a todas aquellas personas creadoras de riqueza y de ideas en nuestra sociedad.

De ahí que no podamos perder ni un día más en esta apasionante pero urgente tarea que todos tenemos por delante en los próximos años en Europa y en particular en España.

GARRIGUES CREE QUE LA PELEA POLITICA Y LA CORRUPCION SUBIRAN LA FACTURA DE LA CRISIS

Lejos de pronosticar fechas sobre el final de la crisis económica, Antonio Garrigues Walker, presidente del despacho que lleva su nombre, se centró ayer en el cómo salir de la caída en barrena que han sufrido muchs países, entre ellos España.

En la jornada inaugural de la décima edición del Foro Pilot 2010, Garrigues fue tajante al afirmar (ante más de 900 asistentes que llenaron el Salón de Actos de Feria de Zaragoza) que "la falta de consenso y la corrupción (España ha pasado del puesto 18 al 25 en la clasificación mundial) elevarán la factura de la crisis" en España.
"El exceso de radicalización política tiene un coste muy alto", aseguró. E incluso añadió que " no nos merecemos el trato que los españoles recibimos por parte de las instancias políticas". En este sentido aludió a la necesidad de alcanzar pactos de Estado en materias como la justicia, la educación y un acuerdo social, que consideró muy importante para articular una salida de la crisis.

Garrigues, no obstante, se mostró convencido de la salida de la crisis, pero instó a buscar soluciones de forma ágil.



Os dejamos toda la información de una manera más extensa y completa en: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=574350